GESTIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN: MUCHO POR HACER
El Grupo de Interés Áridos Reciclados de RCD representa en la actualidad a un total de 60 empresas gestoras de residuos de la construcción y demolición, que operan en las comunidades de Andalucía, Castilla-La Mancha, Galicia y Madrid, a través de sus asociaciones regionales: Agreca, Agercon-CLM, Arcodega y Agesma.
La gestión de los residuos de construcción y demolición sigue enfrentando barreras estructurales que dificultan su valorización, desde la fragmentación normativa hasta la falta de incentivos reales para su correcta reutilización. La correcta separación, trazabilidad y valorización de los residuos permite cerrar el ciclo de la economía circular y optimizar recursos en la construcción.
El sistema de gestión global del residuo de construcción y demolición, aun siendo uno de los más importantes en generación, no termina de consolidarse, arrastrando los mismos problemas recurrentes desde hace años. Ciertamente, la legislación publicada últimamente, así como la que se encuentra en curso, incide en la senda correcta regulatoria que permitiría cerrar el círculo de la economía a todos los niveles, pues se trata de un residuo que puede reciclarse indefinidamente siempre que no se mezcle con otros de distinta naturaleza.
Existen varios motivos que hacen que la tasa de reciclaje en España sea enormemente baja y que contemos con unos valores de eliminación del residuo ciertamente alarmantes. En primer lugar, hay que destacar que existe un exceso regulatorio general. Hay que considerar la legislación estatal, autonómica, local y, por supuesto, la europea. Este hecho provoca que en temas clave las comunidades autónomas no se pongan de acuerdo y se produzcan agravios comparativos que provocan el traslado de residuos entre estas por contar con unas condiciones más laxas que las existentes en la comunidad donde se ubica. Ocurre lo mismo con los procedimientos de autorización de instalaciones o las distintas plataformas de gestión de residuos existentes en diversas comunidades, además de la estatal.
Uno de los hitos más importantes en la actualidad es la regulación del fin de condición de residuo del árido reciclado, una necesidad que viene arrastrándose desde el año 2011, en la derogada Ley de Residuos publicada en ese año. La ley publicada en el año 2022 otorga la competencia a las comunidades, por lo que está regulando cada una con su mejor criterio y voluntad. Del mismo modo, es necesaria la publicación de un real decreto que actualice y sustituya al vigente 105/2008 que, con 18 años de antigüedad, se encuentra bastante alejado de las necesidades y realidad actual, así como del marco normativo europeo y español, con la nueva Ley de Residuos, el protocolo europeo 2018/2024 y el nuevo PEMAR.
En el Grupo de Interés Áridos Reciclados de RCDs consideramos que la regulación en materia de residuos y medioambiental debería evitar generar agravios comparativos entre las distintas comunidades, especialmente entre las que se encuentran más próximas y cuentan con flujos de residuos entre ellas. Se hace necesario incidir en que compartimos la necesidad de regular, incluyendo el conocimiento por parte de la administración de la trazabilidad del residuo, como ocurre, por ejemplo, en Galicia, donde es necesario comunicar cada traslado de estos, sean del tipo que sean.
Los últimos avances están derivando, en general, en la necesaria y fundamental profesionalización de las instalaciones de gestión de residuos, obligando a contar con personal altamente cualificado, inclusión de software específico y sistemas de control adaptados. Esta necesidad que compartimos requiere del establecimiento de ayudas por parte de la Administración para ciertas empresas familiares, especialmente las ubicadas en el medio rural de comunidades como Andalucía, Galicia y Castilla-La Mancha, que son fundamentales para el desarrollo de los municipios y para evitar su despoblación. Subsisten gracias a su versatilidad y diversificación, al compaginar la gestión de las instalaciones con las obras en el municipio, el transporte y otras actividades afines. Las necesidades actuales requieren de una inversión que no siempre pueden permitirse. En general, el residuo de construcción se gestiona con un margen económico reducido, por lo que las instalaciones que dan servicio a poblaciones pequeñas tienen cada vez mayor dificultad de subsistencia.
Adicionalmente, uno de los principales problemas existentes es la inclusión en el sector de materiales que no cuentan con un reciclaje técnico y económicamente viable, incumpliendo claramente los preceptos recogidos en la vigente Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular. Es el caso de numerosos materiales de aislamiento, así como los tabiques de yeso laminado y escayolas. Estos materiales provocan numerosos problemas de elementos como los sulfatos, que generan limitaciones medioambientales en los áridos reciclados fabricados, así como problemas de calidad cuando se encuentran mezclados con el resto de los materiales nobles del residuo, tales como hormigón y cerámicos. Dado que su implantación es cada vez mayor, la solución versaría por incluir estos productos de construcción en un sistema de responsabilidad ampliada del productor que se hiciera cargo de la gestión, así como de sus costes asociados, del residuo generado por su inclusión en las obras.
De esta forma, se hace necesaria, además, una regulación propia para el uso de áridos reciclados de RCD en la construcción, como existe en algunas comunidades, lo que, unido a la emisión de declaraciones de conformidad y marcado CE para los áridos reciclados producidos en las instalaciones, permitiría dotar de los medios y la confianza necesaria al mercado para emplear estos áridos reciclados con seguridad. Del mismo modo, la vigente Ley de Residuos recoge la posibilidad de incluir criterios de adjudicación más favorables para el empleo de estos materiales reciclados en los concursos licitados por la Administración, algo que no se está teniendo en cuenta en la mayor parte de los casos. Esto provoca enormes dificultades para dar salida a los áridos reciclados en numerosas ocasiones, contando las plantas con acopios ingentes.
A lo referido anteriormente, hay que añadir que existe un porcentaje importante de residuos de la construcción, especialmente en algunas comunidades autónomas, que se gestionan por vías ilegales, vertiendo estos en parajes alejados, cunetas o cauces. Este hecho se produce especialmente en municipios que no cuentan con ordenanzas de gestión adaptadas, no exigiendo la preceptiva fianza previa, que sería devuelta una vez certificada la correcta entrega del residuo a empresa autorizada. En obras de mayor envergadura, los certificados de gestión deberían exigirse, del mismo modo que se hace con los de estar al corriente con las obligaciones fiscales y de prevención de riesgos laborales.
En definitiva, como conclusión, cabe citar que, aunque el camino en apariencia va en la senda correcta desde hace 20 años, el sistema de gestión de los residuos de construcción y demolición no termina de consolidarse, generando numerosos problemas en las instalaciones de reciclaje, así como en gran parte de los municipios del país.