AGRECA solicita a la Consejería de Desarrollo Sostenible una tasa por la extracción de recursos naturales
La Asociación de Empresas Gestoras de Residuos de la Construcción y Demolición (RCDs) de Andalucía, Ceuta y Melilla, AGRECA, presenta las alegaciones al Plan Integral de Residuos de Andalucía hacia una economía circular en el Horizonte 2030 (PIRec 2030), ante la Dirección General de Calidad Ambiental y Cambio Climático de la Consejería de Desarrollo Sostenible de la Junta de Andalucía. Se trata de un conjunto de medidas y argumentos que permitirían promover el uso de los áridos reciclados frente a los naturales, así como también conseguir un claro compromiso de las administraciones locales para el cumplimiento de la ley en materia de gestión de RCDs, además de intentar acabar con la concepción y a nuestro pesar con la realidad de que “es barato delinquir”, con el endurecimiento de las sanciones por gestión ilegal e irregular de los residuos de construcción y demolición.
AGRECA, además le propone a la Dirección General de Calidad Ambiental y Cambio Climático, la creación de un grupo de trabajo estable, en materia de RCDs, que permita implantar las medias reflejadas en el PIRec 2030, así como realizar el seguimiento de las mismas. La asociación también transmite su ofrecimiento para colaborar en los programas de concienciación, sensibilización y comunicación participando en jornadas, equipos de trabajo, publicaciones o investigaciones, entre otros, sobre la gestión y valorización de los RCDs.
El cumplimiento de la Ley y el compromiso de las administraciones
Doce años después de la publicación del Real Decreto 105/2008, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición, estimamos que más de la mitad de los ayuntamientos andaluces, incluyendo varias capitales, no tienen o no aplican, ordenanza alguna de gestión de RCDs, lo cual es inadmisible. En este sentido sugerimos a la Consejería incluir en el PIRec 2030 la publicación de un listado de estas entidades locales, que incumplen reiteradamente los preceptos legales, así como la remisión de una comunicación desde la administración autonómica donde se inste a la adopción de la ordenanza de forma urgente. En el Plan Integral de Residuos de Andalucía, se alude a la “colaboración” con las entidades locales, visto el resultado obtenido hasta el día de hoy, las medidas deberían encaminarse más a la “imposición” del cumplimiento de la Ley, al igual que ocurre con cualquier persona o empresa.
En el PIRec 2030 se cita en el apartado 6.9.3. el establecimiento de una fianza al solicitar la licencia de obras y su posterior acreditación de la apropiada gestión de residuos, que según la asociación es el que está obteniendo mejores resultados. Consideramos fundamental el establecimiento de un sistema de comprobación de la correcta gestión de los residuos, mediante certificado por instalación autorizada, de forma previa a la certificación de las obras por parte de la administración y empresas públicas, en aquellas obras no sometidas a licencia municipal, pues nos consta que en numerosas obras de este tipo no se está realizando de forma correcta la gestión de los residuos. Esto es, la exigencia de un certificado de correcta gestión de forma previa al abono de las certificaciones por parte de la administración, de forma similar a los que se exige para garantizar que las empresas estén al corriente de sus obligaciones con seguridad social, hacienda, etc.
La gestión irregular de RCDs no puede salir rentable
La recogida de forma no selectiva y la consecuente mezcla de distintos tipos de residuos impiden su posterior aprovechamiento, un hecho que se produce por no ser viable el establecimiento de un sistema de tarifas que desincentive la mezcla de residuos, al existir una competencia desleal sumamente marcada.
Para AGRECA, no existe proporcionalidad en las sanciones impuestas por la gestión irregular de los RCDs, al tratarse de residuos no peligrosos, por lo que, en ocasiones, resulta muy rentable actuar de forma ilegal. Por ello, se debería revisar el sistema actual, considerando, en todos los casos, la reposición del terreno a su estado original, así como el envío de los residuos tratados irregularmente a una instalación autorizada, además de la sanción que corresponda. Es importante reiterar en la necesidad de fomentar la valorización y reciclaje frente a la eliminación, incidiendo en la necesidad de perseguir la competencia desleal.
Las plantas autorizadas para la valorización de los RCDs están haciendo un gran esfuerzo y produciendo áridos reciclados de una calidad excelente, certificados en numerosas instalaciones. Este porcentaje está siendo superior al 70% en la mayor parte de los casos, aunque hay que considerar que el 50% del residuo se está gestionando en cauces ilegales. Ante esta realidad y para que se produzca un aumento en la demanda en el consumo de áridos reciclados es fundamental que la administración pública lo incluya en sus pliegos, puntuando aquellas propuestas que consideren la inclusión de éstos en las obras, contando como referencia con el catálogo de firmes editado por la Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía, en el año 2016, que permite usar estos productos con garantía de seguridad y calidad.
AGRECA también sugiere que en el PIRec 2030 en el apartado 6.16 dedicado a la Fiscalidad ambiental, se incluya unas tasas fiscales para el consumo de materias primas naturales frente a las recicladas, siempre y cuando éstas últimas puedan ser utilizadas. Una media que promovería el uso y aplicación de áridos reciclados en las obras.
El yeso: una problemática en la gestión de los RCDs
Atendiendo al principio de que “quien contamina paga”, la asociación le transmite a la Consejería de Desarrollo Sostenible, la necesidad de abordar uno de los principales problemas que existen en materia de gestión de RCDs, el yeso. Este elemento, existente en enfoscados, placas de yeso laminado, molduras de escayola, falsos techos, etc., no es separado, de forma habitual, al realizar las demoliciones (en enfoscados no es posible) por lo que la gestión recae directamente en las instalaciones. Se trata de un residuo que no es inerte, sino “no peligroso”, por lo que debe ser gestionado en vertederos autorizados, con el coste que ello conlleva. Además, posee riesgo de contaminación, y su presencia en los áridos reciclados hace que no puedan ser usados en la mayor parte de los usos posibles, al contener sulfatos y mermar las propiedades de resistencia considerablemente, por disolverse al contacto con el agua. Por su densidad y color, no puede ser separado por medios mecánicos de uso cotidiano. Por ello transmitimos que el coste de gestión de este residuo debería recaer en el fabricante y no, como ocurre en la actualidad, en las plantas de reciclaje. Como se cita en el apartado 2.1 Residuos de construcción y demolición del Plan Integral, “promover el uso de materiales de construcción valorizables”, el yeso también tiene alternativas que son más fácilmente valorizables como pueden ser los tabiques de material cerámico o los enfoscados de materiales a base de cemento.