La Comisión Europea refuerza la gestión sostenible de residuos de construcción y demolición con la revisión del protocolo en vigor
Los últimos instrumentos regulatorios de la Comisión Europea (CE) han generado un considerable impulso para promover la gestión sostenible de los RCD. La Comisión Europea otorga prioridad al sector de la construcción en el contexto del Plan de Acción de Economía Circular, así como a todas las estrategias para desvincular el crecimiento económico del uso de materias primas naturales, que están fortalecidas en el contexto del Pacto Verde Europeo. Desde la CE destacan que sus principales objetivos, con respecto a los RCD, son que se garantice su gestión de forma que sea respetuosa con el medio ambiente y que se aproveche todo el potencial de estos residuos para contribuir a la transición hacia una economía circular. Para ello, señalan que el éxito de estos objetivos estará en el uso de materiales reciclados en la obra, basados en una normativa estandarizada de referencia a implementar para cada uso, acorde al nivel de riesgo operativo, junto con un diseño constructivo adecuado y suficiente que asegure su disponibilidad.
En 2022, el total de residuos generados en la Unión Europea por todas las actividades económicas y los hogares ascendió a 2 233 millones de toneladas o 4 991 kg per cápita. Aproximadamente el 38,4% de todos ellos se originaron en la construcción, seguida por la minería y las canteras (22,7%), los servicios de agua y residuos (10,5%), la industria de manufactura (10,4%) y los hogares (8,9%). El resto fue generado por otras actividades económicas, principalmente los servicios (5,2%) y la energía (3,0%). Los residuos minerales significativos constituyen una considerable proporción de los residuos totales (64%), son aquellos que surgen de la minería, las obras de canteras, la construcción y la demolición.
Aunque la media europea de generación de residuos de construcción y demolición se situaba en un 38,4% con respecto al porcentaje total de residuos generados en Europa, algunos países están muy por encima de la media de residuos de construcción y demolición generados, como es el caso de Liechtenstein con un 91,8%, seguido de Malta con un 77,7% y de Luxemburgo con un 75,3%. España y Portugal se sitúan por debajo de la media europea con un 30,6% y un 19,7%, respectivamente. Sin embargo, algunos de los países de centro Europa, con economías similares a la española, son los que, junto con los ya nombrados, se encuentran muy por encima de la media europea, generado Francia un 71,6%, Holanda un 64,7%, Dinamarca un 56,1% y Alemania un 55,1%. Por otro lado, los países con menos generación de residuos de construcción y demolición son los países balcánicos, Rumania (0,5%), Bulgaria (1,6%), Bosnia y Herzegovina (1,6%) y Macedonia del Norte (3,4%).
En Europa se aplica la misma legislación a los RCD que a cualquier otro residuo, lo que conlleva la implementación de criterios de prevención y reutilización, así como la obligación de su entrega para ser reciclados a un gestor autorizado en plantas de reciclaje de residuos de construcción y demolición. Además, no se puede pasar por alto las modificaciones que están ocurriendo en el ámbito legislativo, particularmente las derivadas de la aplicación de la normativa europea de transposición obligatoria, ya que ayudará en gran medida a realizar un cambio significativo en las regulaciones nacionales y autonómicas al permitir la reincorporación al mercado de materias primas secundarias.
Desafíos en la Separación y Reutilización de RCD
Pero, tal y como han identificado, en numerosas obras se continúan mezclando los residuos en un solo contenedor, complicando así su reciclaje, alegando escasez de espacio o tiempo. Para modificar estas malas prácticas solo se requiere la aplicación de un marco normativo apropiado para establecer las obligaciones en caso de ausencia de voluntad por parte de las empresas como es el caso de la Ley 7/2022, artículo 30, donde se obliga desde el 1 de enero de 2024 a la separación de residuos en obra. Al regirse los RCD por la misma legislación que cualquier otro residuo, esto conlleva a la aplicación de criterios de prevención y reutilización, así como la obligación de su entrega a un gestor autorizado en las instalaciones de reciclaje pertinentes. Sin embargo, actualmente, pese al alto porcentaje de residuos de construcción y demolición generados, el consumo de áridos reciclados representa alrededor del 2,4% en comparación con el consumo total de áridos, según indican desde la asociación ANEFA, lo que evidencia que aún existe un largo camino por recorrer en esta dirección.
En España se establecieron nuevos objetivos y requerimientos para la utilización y administración de los RCD en la Ley 7/2022, del 8 de abril, sobre residuos y suelos contaminados para una economía circular, sin embargo, hay otra ley como el Real Decreto 105/2008 que necesita ser actualizado. Entre los más relevantes de la Ley 7/2022 se encuentra la responsabilidad de diseñar los productos de construcción teniendo en cuenta el reciclaje al concluir su vida útil y la responsabilidad de llevar a cabo la separación de los residuos de construcción en la propia obra.
La Ley vigente de Residuos promueve un principio que hasta ahora había sido algo desatendido, el de proximidad. El uso de este es fundamental para estos residuos y materiales, ya que, a pesar de que su bajo costo económico dificulta su traslado a grandes distancias, son estratégicos. Desde hace tiempo, el sector ha asumido con seriedad su rol de protagonista en el mundo del reciclaje de residuos, constituyendo cerca del 50% del sector en Europa, dado que posee numerosas sinergias para encabezar la administración de RCD y la producción de áridos reciclados y artificiales.
Renovación del Protocolo de Gestión de RCD en Europa
Por su parte, la Unión Europea, el pasado noviembre de 2024, publicó la renovación del Protocolo de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición para actualizar la normativa, cuya última actualización fue en 2018, con el objetivo de incrementar la confianza en los procesos de gestión de RCD, así como en los productos reutilizados y los materiales reciclados. El Protocolo comprende todo el procedimiento de gestión de los RCD y proporciona directrices sobre: identificación de residuos a través de auditorías antes de la demolición y renovación, demolición selectiva, logística de residuos, manejo y tratamiento de residuos, gestión de calidad y marco normativo adecuado.
Hasta el 2018, el principal objetivo marcado en el protocolo de gestión de residuos de construcción y demolición y en las directrices para las auditorias de residuos antes de las obras de demolición era “aumentar la confianza en el proceso de gestión de RCD y la confianza en la calidad de los materiales reciclados de RCD, compartiendo un conjunto de normas y buenas prácticas que sirvieran de inspiración para los profesionales y los responsables político”.
Ahora este nuevo protocolo incorpora además directrices para las auditorias previas a las obras de demolición y renovación de edificios, además se espera que ayude a los profesionales de los Estados Miembros a alcanzar los objetivos establecidos en la «Estrategia europea para la retirada de todo tipo de amianto» para proteger a los trabajadores y a los ciudadanos de los riesgos para la salud relacionados con la exposición al amianto. Así como también se indica que se confía que con el Protocolo se apoye la reducción de las emisiones intencionadas y no intencionadas de micro plásticos al medio ambiente, minimizándose lo máximo posible. Este también muestra directrices para la identificación y la retirada y eliminación efectivas de sustancias y mezclas peligrosas, así como de materiales problemáticos que puedan obstaculizar la reutilización o el reciclado, excluyendo los suelos de excavación y dragado.
Para la aplicación del protocolo, la Comisión Europea ha marcado nueve principios que se deben tener en cuenta: el cumplimiento de los marcos legislativos nacionales y europeos; la adaptación en el mercado y el fomento de la competitividad; la apropiación por parte de los profesionales y la aceptación y el apoyo por parte de los responsables políticos para garantizar el mayor reconocimiento y adopción posibles; la transparencia y trazabilidad en todo el proceso de gestión de los RCD, para asegurar que se pueda obtener valor del tratamiento de los RCD; la promoción de la certificación y de las auditorías a lo largo de todo el proceso, es decir, certificar la correcta aplicación del mismo; el seguimiento estricto del protocolo, sin salirse de la norma; la mejora de la logística, ya que favorece las cadenas de suministro circulares y reduce el consumo de recursos, las emisiones y los costes; el respeto por las reglas y normas medioambientales, sanitarias y de seguridad; y, finalmente, la mejora de la recogida y la generación de datos a lo largo del proceso de gestión de los RCD.
El protocolo está estructurado en siete capítulos, estando los cinco primeros dedicados al proceso de gestión de los RCD y dirigidos a empresas y asociaciones de este ámbito y los dos últimos para todos los agentes de la cadena de valor en su conjunto, incluidas las autoridades públicas, junto con varios anexos con los pasos más importantes a seguir para alcanzar los objetivos del protocolo. En ellos, se encuentran los pasos a seguir para conseguir una mejor optimización de los residuos de construcción y demolición, para que de esta manera los países de la UE incrementen sus tasas de reciclaje y reduzcan su dependencia de materias primas naturales, contribuyendo a una construcción más sostenible y eficiente.